El patrimonio que se esfuma: dispersión y pérdida de colecciones históricas en las universidades bolivianas

Existe una paradoja silenciosa en el corazón de la academia boliviana: las instituciones encargadas de producir y custodiar el conocimiento han sido, en muchos casos, las primeras en descuidar su propio legado. Hemerotecas clausuradas sin inventario, archivos trasladados sin protocolo, colecciones enteras donadas a particulares o simplemente extraviadas en mudanzas administrativas: el registro de pérdidas es extenso y, en buena medida, irreversible. Comprender este fenómeno no es un ejercicio de nostalgia académica; es una condición necesaria para articular respuestas institucionales a la altura del problema.

Una herida lenta: la erosión silenciosa de los acervos universitarios

A diferencia de los desastres naturales o los saqueos deliberados —que generan indignación visible—, la dispersión del patrimonio documental universitario en Bolivia ha sido, en su mayor parte, el resultado acumulado de decisiones menores: el rector que autorizó el traslado de un archivo a un depósito sin condiciones adecuadas, el cambio de gestión que interrumpió un proceso de catalogación, el presupuesto recortado que dejó a un bibliotecario sin los recursos para controlar la humedad en una sala de fondos históricos.

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, entre otras casas de estudio, poseen —o poseían— fondos documentales que abarcaban desde el periodo colonial tardío hasta mediados del siglo XX. Tesis doctorales inéditas, correspondencia entre intelectuales, publicaciones periódicas de circulación restringida, actas de congresos académicos: materiales que, en su conjunto, constituyen una memoria viva del pensamiento boliviano. Sin embargo, los testimonios de investigadores que han intentado acceder a estos fondos en las últimas dos décadas dibujan un panorama preocupante: colecciones incompletas, sin clasificar, en estado de deterioro avanzado o directamente desaparecidas.

Las causas estructurales de un problema sistemático

Sería inexacto atribuir esta situación a la negligencia individual de funcionarios concretos. Las raíces del problema son estructurales y responden a lógicas que trascienden las gestiones particulares.

En primer lugar, la crónica insuficiencia presupuestaria de las universidades públicas bolivianas ha relegado la gestión archivística a un segundo plano. Cuando los recursos escasean, las prioridades se orientan hacia la docencia y la infraestructura edilicia, mientras que las bibliotecas y los archivos históricos quedan en una posición de vulnerabilidad permanente. La conservación preventiva —que exige inversiones sostenidas en climatización, mobiliario especializado y personal capacitado— resulta incompatible con la lógica del gasto mínimo que impera en muchos presupuestos universitarios.

En segundo lugar, la ausencia de marcos normativos claros ha favorecido la improvisación. Bolivia carece aún de una legislación integral sobre patrimonio documental universitario que establezca responsabilidades específicas, protocolos de transferencia y mecanismos de supervisión externa. Esta laguna legal ha permitido que decisiones de alto impacto patrimonial se tomen de manera discrecional, sin rendición de cuentas y sin posibilidad de revertirlas.

En tercer lugar, la alta rotación en los cargos de gestión universitaria —vinculada a los ciclos electorales internos propios del cogobierno— interrumpe sistemáticamente los procesos de largo aliento que requiere la preservación documental. Un proyecto de digitalización iniciado en una gestión puede quedar abandonado en la siguiente si no existe voluntad política de continuidad o si los responsables técnicos son sustituidos.

Lo que se pierde cuando se pierde un archivo

El valor de una colección histórica universitaria no se agota en su función como repositorio de datos. Un archivo es también una red de relaciones intelectuales, un mapa de debates, una estratigrafía del pensamiento de una época. Cuando desaparece una colección de tesis doctorales de los años cuarenta, no solo se pierde información: se borra la posibilidad de rastrear cómo una generación de académicos bolivianos dialogó con las corrientes del estructuralismo latinoamericano, con el indigenismo o con las primeras formulaciones de la dependencia económica.

Esta dimensión epistémica de la pérdida es la que más inquieta a quienes trabajan en la preservación del patrimonio intelectual boliviano. La historia del pensamiento no puede escribirse sin sus fuentes primarias, y si esas fuentes desaparecen, la historia se vuelve incompleta, sesgada hacia los autores y las obras que tuvieron la fortuna de circular en circuitos más amplios o de ser conservadas en archivos privados.

Iniciativas emergentes y posibilidades de recuperación

A pesar del panorama descrito, existen experiencias que permiten sostener un optimismo cauteloso. En los últimos años, varias iniciativas —algunas institucionales, otras surgidas de la sociedad civil académica— han comenzado a explorar vías para recuperar y centralizar fondos dispersos.

La digitalización masiva, cuando se realiza con criterios archivísticos rigurosos, ofrece la posibilidad de preservar lo que queda y de hacerlo accesible a investigadores de todo el mundo. Proyectos como los desarrollados por la Biblioteca Nacional de Bolivia en Sucre, o las experiencias piloto de algunas facultades de humanidades, demuestran que es posible avanzar incluso con recursos limitados, siempre que exista voluntad institucional y un equipo técnico comprometido.

Igualmente relevante es el papel que pueden desempeñar las plataformas digitales de carácter académico. Espacios como la Biblioteca Virtual Carlos D. Mesa no solo cumplen una función de difusión del conocimiento ya digitalizado: contribuyen también a generar estándares, a visibilizar las carencias del sistema y a articular redes de colaboración entre instituciones que, de otro modo, operan en compartimentos estancos.

Una propuesta que merece atención es la creación de un inventario nacional del patrimonio documental universitario boliviano, elaborado con metodología participativa y actualizado de forma periódica. Este instrumento permitiría identificar con precisión qué colecciones existen, en qué estado se encuentran y cuáles requieren intervención urgente. Sin un diagnóstico compartido, cualquier política de recuperación corre el riesgo de ser fragmentaria e ineficaz.

La urgencia de una política pública de largo aliento

La preservación del patrimonio documental universitario no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de personas individuales ni de proyectos financiados por cooperación internacional con fecha de vencimiento. Requiere una política pública de largo aliento que articule al Ministerio de Educación, al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), a la Biblioteca y el Archivo Nacional, y a las propias universidades autónomas.

Esta política debería contemplar, como mínimo, la asignación de partidas presupuestarias específicas para la gestión archivística, la formación de profesionales especializados en archivística y bibliotecología, el establecimiento de protocolos obligatorios para la transferencia y custodia de fondos históricos, y la creación de incentivos para que las colecciones privadas de intelectuales y académicos sean depositadas en instituciones públicas con capacidad real de custodiarlas.

Mientras esa política no exista, cada cambio de gestión universitaria seguirá siendo una amenaza potencial para colecciones que nadie ha catalogado del todo y que nadie, en sentido estricto, siente como propias. El olvido, en estos casos, no es un accidente: es el resultado predecible de una indiferencia estructural ante la que la academia boliviana tiene aún mucho que decir y, sobre todo, mucho que hacer.